Las estafas relacionadas con la pandemia continúan floreciendo en medio de las crecientes dificultades económicas, ya que la desesperación es un perfecto caldo de cultivo para el fraude.
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Por ello, compartimos una sesión informativa donde la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Comission, FTC) se unió a grupos étnicos y medios de comunicación de comunidades, expertos legales, profesionales de la aplicación de la ley, organizaciones sin fines de lucro como el Escritorio para Mejores Negocios (Better Business Bureau, BBB) y proveedores de servicios comunitarios para denunciar el panorama del fraude al consumidor.
Este problema está afectando de manera muy particular al área de Inland Empire, en California; pero sus esquemas de actuación se reproducen en todo el país. Por ello, escuchar sus experiencias es útil para todos.
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Es muy importante compartir y difundir estas historias, porque pueden salvar a alguien de ser la próxima víctima.
Estafan a los más afectados
El encuentro se abrió con Mónica Vaca, quien es Directora Asociada de la División de Respuesta y Operaciones del Consumidor para la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Comission, FTC).
Monica Vaca - captura de pantalla
Ilustra cuánto está sufriendo la gente en estos momentos, al segurar que han recibido más de 190 mil reportes por fraude en medio de la contingencia por el COVID-19.
Lo que más le inquieta es que esto suceda en momentos cuando la ciudadanía está golpeada por la inseguridad en el ingreso: “Nadie puede darse el lujo de perder más dinero”.
El mayor de los problemas es las compras en línea. “La gente ordena bienes que jamás llegan. Sucede con artículos necesarios para permanecer seguros, como termómetros, desinfectantes de manos y máscaras. Muchos de quienes trabajan en primera línea han sido afectados”.
Además hay estafas con supuestas oportunidades de ingreso o empleo, porque “Atacan a gente que ya está muy mal. Mucha gente cree que ha enganchado un trabajo y son estafados”. Engaños de este tipo golpean especialmente a consumidores jóvenes. “Ofrecen trabajar desde casa o instalar publicidad en el automóvil; aseguran que les llegará su primer cheque muy pronto, pero piden algún pago por adelantado. Y esto hace que las víctimas terminen arruinadas, con sus cuentas bancarias vacías”.
También operan enviando correos electrónicos y mensajes de texto, pueden parecer legítimos, procedentes de oficinas de empleos reales.
“Es 80% más probable escapar de estos fraudes si se conocen”. Añade que los medios de comunicación y las redes sociales son apropiadas para informarse de esto. La especialista también pide a todos difundir esta información entre sus conocidos.
Invita a denunciar en ftc.gov/complaints y a la vez participa que desean forjar lazos de comunicación con las comunidades. El sitio web de ftc.gov contiene recursos útiles para afrontar estos peligros.
FTC en acción
Maricela Segura, directora regional de la zona occidental de Los Ángeles para la FTC, observó fraudes al apenas comenzar la pandemia. Los primeros fueron con pruebas para el COVID-19 que no funcionaban.
Maricela Segura - captura de pantalla
“Hemos enviado cartas a las empresas que han incurrido en estas acciones, para pedirles que desistan de las mismas”. También han formulado denuncias contra algunos transgresores.
Uno de los casos fue el de la empresa denominada Whole Leaf Organics, la cual alegaba que sus suplementos vitamínicos ayudaban a prevenir el nuevo coronavirus. “Les obligamos a notificar a sus clientes que estos productos no ayudan a curar esa dolencia”.
También hay quienes se ofrecen a ayudar a las personas a salir de sus deudas y piden a sus víctimas un pago, fingiendo ser agentes federales. “Sabemos que no funciona así. La gente no tiene que pagar para recibir ayudas”.
Otro ejemplo fue un estafador que pretendía ser un prestamista para pequeñas empresas y ofrecía aplicaciones en línea. “Debido a esta maniobra, sus víctimas perdieron la oportunidad de recibir cheques de estímulo”, lamenta.
Además hay quienes ofrecen falsas ayudas financieras para hipotecas, a cambio de un supuesto pago de entrada bastante alto.
Adicionalmente, hubo quienes se hicieron pasar por rastreadores de contactos del coronavirus. “Decían a sus víctimas que habían estado en contacto con casos de COVID-19 para así poder sacarles información personal”.
Otro truco es decirle a quienes desean estafar que en algún depósito de entrega hay un paquete a su nombre para ser recogido. “De este modo, tienen un pretexto para solicitar los los datos personales”.
Para finalizar, Segura aconseja a todos que se inscriban en el blog de FTC, con el fin de obtener actualizaciones sobre el tema.
Los predadores al acecho
Nicklas A. Akers es el fiscal general Adjunto Superior a cargo de la Sección de Derecho del Consumidor del Departamento de Justicia de California, que investiga y procesa las violaciones de las las leyes de protección del consumidor y de la privacidad.
Nicklas A. Ackers - captura de pantalla
Resalta que, por ejemplo, hay empreses que se aprovechan de los estudiantes con campañas de marketing que prometen empleos después de cursar estudios con ellos. Luego terminan viendo que los costos son mayores de lo que podían permitirse. También sucede algo similar con veteranos.
Es lo que se conoce como “préstamos predatorios”. El vocero aconseja a las familias no creer en ofertas que suenen demasiado buenas y no tomar decisiones de forma apresurada.
Recomienda alternativas más económicas, como los colegios comunitarios. También sugiere pedir ayuda a quienes ya sepan del tema.
Revela que “Hay una ley que tiene detenidos los desalojos por el COVID-19 hasta el próximo año; pero los inquilinos deben informarse y avisar a su casero, además de pagar una cantidad mensual acordada con su arrendador”.
El fiscal aconseja: “Si usted es inquilino y lo amenazan de desalojo, pida ayuda a una agencia de defensa al consumidor local. La policía está alerta ante esta problemática. Hay personas inescrupulosas que prometen mediar con el dueño de la vivienda. Esta es una figura que no existe”.
Akers destaca que la mayoría de los caseros son gente honrada, “aunque algunos no lo son”. Hay ayuda legal para quienes amenazan a sus inquilinos con violencia o forjan falsas violaciones al contrato de alquiler. “También hay quienes los presionan para firmar formularios de renuncia a sus derechos, o no reciben los pagos, para poder proceder en contra de ellos”.
En cuanto a los inmigrantes, también se sabe que se intenta abusar de su condición vulnerable. “Estamos en alerta ante esos casos”. Aconseja que, si se necesita ayuda con asuntos de migración, se consulte a un abogado especialista de alguna asociación sin fines de lucro.
‘Si usted conoce a alguna víctima de abuso de un notario o consultor de inmigración, dígale que pida ayuda y denuncie”. Reitera que la oficina del Fiscal General protege a todos los californianos y nunca llamará a las autoridades federales de inmigración.
Miedo y vulnerabilidad
Luz Gallegos es una organizadora y defensora de la comunidad, que sirve como Directora Ejecutiva de TODEC Legal Center, una organización que busca empoderar a las comunidades de inmigrantes privados de derechos para que se vuelven autosuficientes y seguros de sí mismos.
Luz Gallegos - captura de pantalla
Se ubica en la zona de Inland Empire (California), donde según ella, el COVID-19 ha cambiado la relidad. “Hemos visto el miedo de la comunidad en esta región fronteriza. Estamos acostumbrados a ver patrullas de inmigración rondando”.
Denuncia que “Con esta pandemia se está discriminando con factores como género, grupo étinco, salud, vivienda y trabajo”. Como un ejemplo, relata que la empresa que ofrece servicios funerarios para transportar cuerpos de familiares a sus países de origen, cobra miles de dólares.
Revela que “Hay gente que pide $ 20 para brindar un supuesto acceso a internet, o solicitan dinero para gestionar el cheque de estímulo”. Explica que “La comunidad está desesperada por buenas noticias, imaginen la vulnerabilidad de un trabajador desempleado y con un caso de coronavirus en la familia”.
Por si fuera poco, en las comunidades con indocumentados hay mucho temor. “Les animamos a hablar para arreglar sus casos. No podemos juzgarlos por tener miedo, ya que hay una retórica muy negativa sobre gente de color. Y el coronavirus ha aumentado el temor”. Considera que es muy importante que todos estén conscientes de sus derechos.
Destaca que “En marzo lanzamos el Centro de Documentación para la Comunidad”. Con el COVID-19 ahora trabajan de forma más virtual, pero la gente no tiene acceso a plataformas digitales y la cobertura de internet es muy mala: “Enviamos un mensaje de texto y llega al día siguiente”. Llenan este vacío intentando distribuir folletos.
Luz aconseja que “Si suena demasiado bueno para ser verdad, póngase en contacto con nosotros para que le confirmemos si es cierto o no. El centro de llamadas nos ha ayudado mucho, especialmente en la educación de la comunidad”. Los interesados se pueden comunicar al número 1 888 863 82 91.
Confirmar la legitimidad de las empresas
Mónica Hartsock, de la oficina legal de Monica Hartsock, defiende a individuos perjudicados financieramente. “Hay gente que intenta aprovecharse de neustro hábito de confiar en los demás. No queremos que alguien tenga que pagar algo injusto por vergüenza o porque se han aprovechado de ellos”.
Monica Harstock - captura de pantalla
Muchos están hoy avergonzados por no poder pagar la tarjeta de crédito, por ejemplo, pero eso no debe impedir que reciban ayuda.
Entre los casos que ha atendido, destaca el de una señora con hijos que buscaba una casa para alquilar, “la consiguió, dio $ 2 mil como depósito de seguridad, una cantidad que suena realista. Pero nunca más se pudo comunicar con el arrendador. Quizá si hubiera tomado una foto de la licencia de manejar del individuo, eso hubiera ayudado”.
Otro caso fue una empresa de mudanzas que cargó todos los muebles de una cliente de nombre Leticia, en un camión que parecía legítimo. Una vez que los muebles estaban cargados, ellos le pidieron $ 2 mil 500 extra. “Esta persona me llamó y busqué a la compañía on line, pero no aparecía. No había nada que pudiera hacer para ayudarla”.
En cuanto a las moratorias que están ofreciendo las tarjetas de credito, aconseja que esas ofertas deben ser recibidas por escrito. “Las empresas podrán ser legítimas, pero puede haber falta de sincronización con su comunicación digital”.
En conclusión, Mónica subraya que hay que buscar en Google las empresas para confirmar si son legítimas. Incluso siéndolo, algunas pueden aprovecharse de la situación. “Es importante asegurarse de que sus licencias son válidas antes de dar algún dinero”.