El 18 de marzo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la HR 6, la Ley de la Promesa Americana o Dream Promise Act, que tiene como objetivo proporcionar un alivio de la deportación a los beneficiarios de DACA, los titulares de TPS y los niños de DALCA, dependientes de trabajadores extranjeros altamente calificados, que pierden su estatus legal una vez que cumplen la mayoría de edad.
La Cámara también aprobó la HR 1603 o Ley de Modernización de la Mano de Obra Agrícola, que permitiría a los trabajadores agrícolas, sus cónyuges e hijos, obtener un estatus legal.
La atención de los medios de comunicación, más bien enfocada en el Plan de Rescate, ha sido relativamente poca para esta importante información, que puede cambiar la vida de cientos de miles de personas en Estados Unidos.
Y especialmente, queda una importante pregunta por delante: ¿acabará el Senado con las reformas? ¿O les dará el espaldarazo final para su concreción?
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Si bien la opinión pública está mayoritariamente a favor de avanzar en el tema migratorio, –quizá debido a la pandemia, donde trabajadores esenciales inmigrantes han resultado imprescindibles-, este clima favorable podría cambiar en un futuro próximo. Por ello, debería ser aprovechado por quienes quieren favorecer estas iniciativas.
Consensos bipartidistas posibles
Theresa Cardinal Brown, Directora General de Política de Inmigración y Transfronteriza, en el Bipartisan Policy Center, comenzó destacando que las HR6 o Dreams Promise Act y HR1063 o modernización para los trabajadores agrícolas, “son un atajo para las leyes que se han hecho antes”.
Entre otras virtudes, darán estatus condicional de residentes permanentes a los dreamers, beneficiaros de TPS e hijos de beneficiarios de visas de no inmigrantes que lleguen a la mayoría de edad, durante 10 años. Tienen ciertas condiciones, como completar programas educativos, servicio militar o estar empleados.
Cardinal Brown adelanta que la HR6 se aprobó con 228 votos a favor frente a 197 en contra. 9 republicanos y todos los demócratas votaron a su favor; mientras 5 republicanos no votaron. Se estima que más de 3 millones de personas serían elegibles.
En cuanto a la HR1063, la votación fue de 247 a 174. 30 republicanos la apoyaron y un demócrata votó en contra. Este proyecto de ley da vía a la ciudadanía para trabajadores agrícolas que cumplan los requisitos. “Para ello deben realizar trabajos agrícolas durante varios años. Cambia el programa de la Ley H2A y puede beneficiar a 1 millón de personas”, adelanta la vocera.
Adicionalmente, no sería temporal ni estacional y además incluye a gente que labora en la industria láctea. “Se debe verificar que el empleo sea en la industria agrícola; de ser así dará ayuda para la vivienda del trabajador a nivel rural. Esto fue solicitado por los sindicatos agrícolas”.
Sin embargo, la especialista adelanta que grupos de trabajadores del ramo creen que son necesarios aún cambios en este proyecto para su aprobación en el Senado. Algunos beneficiarios desearían que la visa no esté sujeta a un empleador específico y que permitiera ir de un trabajo a otro dentro de su especialidad.
Adelanta que, para esta segunda Ley, existe un mayor interés bipartidista; ya que muchos estados de las dos tendencias políticas tienen intereses en el área agrícola.
También está pendiente la propuesta de presentar una legislación complementaria bipartidista en el senado. La misma sería introducida por Michael Bennet (demócrata - Utah) y Mike Crapo (republicano – Idaho) y permitiría ofrecer legalidad a trabajadores del campo indocumentados que comprueben su experiencia.
Agrega que la HR6 no tiene proyecto de acompañamiento en el senado. “Lo más cercano es la Ley Dream, reintroducida en febrero por una iniciativa bipartidista. También hay un par de senadores que quieren presentar un proyecto acompañe a la Ley HR1603”.
Otro aspecto a tener en cuenta para ella, es que ambos partidos están utilizando este asunto con sus bases políticas.
“Biden podría tomar alguna acción ejecutiva para lidiar con algunos aspectos de estos asuntos, pero no sería lo suficiente si lo comparamos con la acción legislativa”, concluye Cardinal Brown.
Sistema de inmigración fracturado
Joseph Villela, Director de Política y Defensa de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes. Asegura que “Enfrentamos muchos desafíos frente a un sistema de inmigración fracturado”. Espera que se pueda tener una ayuda permanente a todos los inmigrantes, incluidos los beneficiarios de DACA y TPS.
Recuerda que hay un proyecto en cámara pendiente respecto a la ciudadanía, que fue propuesto por el presidente Joe Biden. Otro proyecto más es la ciudadanía para trabajadores esenciales.
En cuanto al DACA, detalla que 53% de las protegidas 600 mil personas protegidas bajo esta figura son mujeres, según datos de PEW Research Center.
“El presidente anterior enfrentaba el programa y los beneficiarios no entendían por qué estaba sucediendo algo así, tenían una sensación de pérdida. Pero esto ahora puede cambiar por una orden ejecutiva”.
Villela apunta que muchos jóvenes beneficiarios del DACA son profesionales o luchan para terminar su educación. “Más del 50% aumentaron sus ingresos y obtuvieron su primer empleo, abrieron cuentas bancarias y obtuvieron una tarjeta de crédito gracias al amparo de este programa, todo lo cual demuestra que es beneficioso para la economía”, agrega.
En cuanto al posible apoyo republicano a estas propuestas, cree que el Partido Republicano cederá al menos en parte, ya que necesita deshacerse de los prejuicios que se relacionan con ellos.
Respecto a la mayoría demócrata, cree que deben trabajar en una reconciliación, para trabajar conjuntamente en reformas que puedan ayudar.
70% de los indocumentados han residido en California en algún momento, según sus datos. “Están establecidos, llevan comida a sus casas y contribuyen con la economía, es momento de que el Congreso los ayude”.
Finaliza reflexionando sobre las causas de la migración. “La gente está abandonando sus países por causas como los malos gobiernos o lo desastres naturales. Es el caso de Honduras”, dice por poner un ejemplo. Cree que hay que ofrecer vías legales para que estas personas escapen de sistemas rotos.
Indocumentados de raza negra
“De los 13 países que tenían estatus de TPS en 2017, cuando Donald Trump asumió la presidencia de EEUU, 9 de ellos son de mayoría negra, de África o el Caribe”. Así lo informa Patrice Lawrence, quien es co-directora de UndocuBlack Network, una red que apoya a personas indocumentadas de raza negra.
“Estamos tratando de lograr la equidad racial, la justicia económica en el marco del gobierno de Joe Biden”, afirma.
Pero agrega también que demócratas y republicanos pueden trabajar juntos si quieren hacerlo. “Es posible, se ha hecho y se puede volver a hacer”, recalca.
Cuenta que en 2019 hubo una ley de legalización de receptores del DED y TPS. “De 10 mil posibles beneficiarios solamente 2 mil 600 pudieron aplicar. Finalmente, apenas120 de ellos recibieron su residencia el otoño pasado”.
Lo bueno de esta ley, según ella, es que da tiempo. “Sabemos cuán valioso es esto. Son 3 años para que puedan ajustar su status. Es muy importante para gente que no la pasó bien durante la administración Trump”.
Habla un dreamer queer
Un testimonio de primara mano es el de José Muñoz, quien ahora también es activista, como gerente nacional de comunicaciones de United We Dream y compartió su perspectiva de primera mano de la vida como Dreamer. “Yo soy beneficiario de DACA y soy una persona queer”.
Llegó al país con pocos meses de edad y fue indocumentado por 30 años, casi toda su vida. Recibió DACA en 2013. “Me permitió un permiso de trabajo, una licencia de conducir, terminar el college y, alivió el miedo a ser detenido”, relata.
Sin embargo, dice que en los últimos cuatro años ha tenido que vivir su vida prácticamente en las cortes, por el peligro potencial de la deportación.
Explica que hay más de 60 mil LGBTIQ+ recipientes de DACA, como él; también hay cientos de miles de personas esperando para obtener los beneficios de DACA desde que Trump intentó eliminar el programa en 2017. “Por eso es imperativo establecer un camino hacia la ciudadanía”, comenta.
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Sobre las dos leyes pasadas por la Cámara de Representantes, resalta que se necesita ayuda, alivio “y se necesita ahora”. Estas leyes pondrían a unos cinco millones de personas en camino a la ciudadanía. Y aclara que DACA no protege a todas las personas indocumentadas.
Su organización está activa en Florida y Texas, para que legisladores como Marco Rubio y John Cornyn apoyen el paso de estas leyes. “Es evidente que solamente están interesados en jugar a la política con nuestras vidas, nos usan como peones para las próximas elecciones”, sentencia Muñoz.
Trabajador agrícola y dreamer
Leydy Rangel, Gerente Nacional de Comunicaciones, Fundación de Trabajadores Agrícolas Unidos, trabaja por políticas con más equidad para ese sector. “Abogamos por cambios sistémicos para romper el círculo de pobreza”, detalla.
Ella misma fue trabajadora agrícola, como lo fueron sus padres y lo son sus hermanos.
“Hacemos el trabajo necesario para poder mantener a la gente alimentada en Estados Unidos. Yo misma lo hice para poder ir al college”. Actualmente está protegida bajo DACA.
Recuerda que estamos hablando de trabajadores esenciales, pero casi la mitad de ellos son indocumentados. Por ello, señala que otorgarles un camino hacia la legalidad es esencial para asegurar la alimentación de los estadounidenses.
En 2019, después de muchos conflictos, se creó este proyecto de ley que permitirá avanzar en este sentido. “Contribuir a la sociedad será un derecho legal para ellos”.
Estamos hablando de inmigrantes que ya están en EEUU. Se hará un chequeo de sus antecedentes y tienen que haber trabajado en agricultura por 180 días antes del paso de esta ley. Deben también seguir trabajando en agricultura por varios años antes de poder solicitar la ciudadanía.
Durante la pandemia, este sector laboral ha sido más vulnerable que nunca, por sus condiciones de trabajo y vivienda. También podrán mejorar sus condiciones de trabajo y volver a sus países a visitar a sus seres queridos, a quienes no ven desde hace años.
Hijos de trabajadores calificados: un limbo
Brent Renison, abogado socio de Global Immigration Counsel, se encuentra trabajando sobre DALCA o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.
Cabe acotar que la HR 6 es la primera medida que ofrecería protección a los niños que dejan de ser dependientes, quienes se encuentran en el país amparados por las visas de sus padres hasta que sean mayores de edad. Esto crearía un vacío legal para ellos, en su futuro próximo.
El abogado comienza recordando que hay límites en los números de personas que pueden emigrar desde cada país, basándose en las diversas categorías de visas. Eso afecta a los grupos familiares. Refiere los casos de México, Filipinas o India.
“Las fechas de prioridad que se les han dado, se han movido lentamente. Los niños que aplicaron originalmente en edad de escuela elemental, de pronto ya cumplieron 21 años”, comenta.
Renison explica lo que ha sucedido: “En estos años, sus padres pasaron por el proceso de recibir visas, renovarlas y finalmente conseguir la residencia permanente. Sin embargo, al alcanzar los hijos la mayoría de edad, no pueden ser automáticamente amparados por esta figura legal”.
Entonces, hay que pedirlos y este proceso generalmente demora varios años, lo cual dejaría a estos jóvenes sin una condición legal. Algunos de ellos están aplicando por visas de estudiantes, pero otros tienen condiciones especiales que no les permiten hacerlo.
Lo cierto es que muchos de ellos se encuentran en condiciones muy similares a las de los dreamers. Por ello se está abogando para que los incluyan en esta figura legal, lo cual podría hacerse una vez que pase al senado.
Renison revela que, mientras esto se logra, se puede proteger a los afectados cambiando la manera de interpretar la ley; por ejemplo, con un mejor manejo de las fechas.
Hay muchas familias que tienen mezclas de ciudadanos en diversos estados legales, lo cual, según el jurista, forzaría inmigración indocumentada. Además, apunta que las cuotas son artificialmente bajas.
“Esta va a ser una realidad y se va a necesitar una legislación. Debemos tener un enfoque diferente al respecto”, recomienda.
Para finalizar, advierte y teme que se puedan realizar modificaciones inaceptables para poder obtener los votos decisivos en el Senado.