Pandemia, vivienda y desalojos

Millones de familias estadounidenses se retrasaron en el pago del alquiler en medio de la pandemia de COVID-19 y sus niveles récord de desempleo. Los Centros de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ampliaron recientemente la ya finalizada moratoria federal sobre desalojos, hasta el 3 de octubre.


Existen 47 mil millones de dólares en ayudas federales para inquilinos y pequeños propietarios; pero hay diversos obstáculos para acceder a estos recursos.



Imagen referencial / Andrea Piacquadio - Pexels


Además, hay consecuencias para la salud mental de las familias que han sido desahuciadas. Entre los estudiosos del asunto cunde la preocupación, por la tasa desproporcionadamente alta de desalojos para las personas de color.


Ahora es el momento de hablar de soluciones a largo plazo para una vivienda sostenible. Mientras tanto, hay que estar alerta a los apoyos a corto plazo que se puedan brindar.


Un problema que empeora


"Estados Unidos ya estaba en crisis de vivienda antes de la pandemia". Así lo afirma Juan Pablo Garnham, editor de audiencia y compromiso comunitario del Laboratorio de Desahucios de la Universidad de Princeton.


Para aquel momento, ya sucedían 3,7 millones de desalojos al año, uno cada 7 minutos. Lamenta que un juez haya cuestionado la legalidad de la nueva moratoria, ya que este asunto podría llegar al Tribunal Supremo.


Y alerta: “Hay familias que se enfrentan a desahucios y tienen que vivir con amigos o familiares. Esto es terrible en medio de la pandemia de COVID-19 y también ha sido tomado en cuenta por los CDC”.


Explica que existe una correlación entre las tasas de vacunación y los niveles de desalojos, ya que las comunidades donde más personas son echada de sus viviendas tienen tasas de vacunación más bajas. “En cuanto a la raza y el género, hemos visto que las mujeres y los negros están sobrerrepresentados en este problema”, dice.


“La distribución de las ayudas está siendo desigual. Mientras que algunos estados como Texas han consumido el 50% de su auxilio disponible, otros como Nueva York sólo han utilizado el 10%”, denuncia.



Vulnerables y en peor situación


La pandemia agrava la crisis de la vivienda, según la doctora Shawnita Sealy-Jefferson. Ella es Investigadora principal y líder del proyecto Social Epidemiology to Eliminate Disparities (SEED) en la Universidad Estatal de Ohio. Y agrega: “Los precios de la vivienda aumentan, mientras la dignidad humana se degrada. Los ingresos no suben”.


Según ella, 1 de cada 4 miembros de las comunidades de color recibe algún tipo de ayuda, ya que este sector de la población puede gastar hasta el 70% de sus ingresos en la vivienda.


Agrega que las evacuaciones ilegales pueden acercarse al 100%, desencadenando problemas como la depresión o el suicidio. “Pueden perder sus muebles y objetos personales de valor emocional, como fotografías. Faltan a días de trabajo y de escuela. Esto incluso favorecen el aumento de la mortalidad entre los afectados”, comenta.


Sealy-Jefferson subraya que las familias golpeadas por COVID-19 corren un riesgo aún mayor de desahucio. Según su data, las personas más afectadas por la pandemia son las mismas afectadas por las enfermedades crónicas. También dice que las mujeres víctimas de abusos domésticos tienen más probabilidades de ser desalojadas de sus casas.


Afirma que el racismo es un componente crucial del problema. “Fue declarado crisis pública general en 2020. Los negros han sufrido 400 años de racismo y tenemos que erradicarlo”.


“Hay personas que ni siquiera tienen un contrato firmado. Algunos alquilan propiedades que no tienen derecho a alquilar, que no son suyas, por ejemplo. Para otras personas es difícil entender el documento debido al analfabetismo”, enumera.


Para ella, si no hay datos, no existe el problema. “Le pido a la Secretaria de Vivienda que piense en todas las formas en las que alguien puede verse afectado por no tener una vivienda estable”.



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Denuncia que algunos propietarios inventan calumnias para perjudicar a quienes arriendan. Alegan, por ejemplo, que han dañado las casas.” Es necesario que haya consecuencias para quienes hacen cosas así”. Y remata: “Hay que proteger a los inquilinos. Necesitamos ver esto como un derecho humano”.


Distribución desigual

“Hay inquilinos que solicitaron asistencia en marzo y aún no la han recibido”, advierte Francisco Dueñas, Director Ejecutivo de Housing Now! (¡Vivienda Ya!) en California. Ellos se enfocan en buscar los cambios necesarios en las políticas, tanto a nivel estatal como federal. “El propietario puede empezar a solicitar la ayuda ahora. Lo pueden hacer propietario e inquilino por separado”, añade.


También recuerda que, si un inquilino se ha mudado de un apartamento, pero todavía debe dinero, el propietario puede solicitar asistencia para cubrir esa deuda.


California reúne zonas con viviendas de alto costo y bajos ingresos de manera simultánea. Esto sucede por ejemplo en Los Ángeles. Por ello, en algún momento hubo más solicitudes que los fondos disponibles, que alcanzaron a 500 millones de dólares. Estos inquilinos no pudieron solicitar ayuda en ningún otro lado.


“Queremos saber cuánto dinero se necesita realmente”, reclama el vocero. Y dice que, en California y en todo el país, el gobierno puede enviar más dinero a donde se necesita y tomarlo de donde no se necesita tanto.


Afirma que mucha gente ni siquiera ha escuchado de este programa, o no tienen la documentación necesaria. “No queremos que ningún inquilino sea desalojado cuando hay dinero para ayudarlos. Es un problema de administración y burocracia, de hacer llegar ese dinero a la gente que lo necesita”.


Si un inquilino recibe una orden de desalojo en California a partir del 1 de octubre, el propietario debe probar que solicitó fondos. Eso lo protege del desalojo. Pero muchos no lo saben y simplemente se irán porque no quieren tener un desahucio en su registro, que limitará su acceso a la vivienda.


“Si pagas más del 30% de tus ingresos para viviendas, entonces tienes un problema”, advierte.


Recursos y soluciones


Respecto a la nueva moratoria, Garnham dice que es necesario declarar ciertas cosas para beneficiarse de ella; al igual que sucedió en la primera. “Se necesita que tus ingresos estén por debajo de ciertos límites, comprobar que has estado desempleado, que has buscado otras formas de solucionar tus problemas y no las has encontrado”.


También se debe firmar un formulario de declaración similar al anterior, que está disponible en la plataforma web del CDC, en la dirección https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-eviction-declaration.html. Se encuentra en 12 idiomas, incluidos el inglés y el español.


Garnham recomienda revisar las normas de moratoria de cada estado, porque algunos otorgan beneficios adicionales.


También pide a los gobiernos locales emprendan programas desde cero. “Hay barreras tecnológicas y lingüísticas. Necesitamos más responsabilidad en ese aspecto, para ver exactamente qué ocurre en cada ciudad y estado", comenta.


Su consejo es buscar apoyo legal y solicitar la ayuda económica cuanto antes. Cuenta que hay organizaciones que ofrecen ayuda legal gratuita y recomienda los recursos disponibles en evictionlab.org. “Todo el mundo tiene derecho a luchar contra un desalojo en los tribunales”, finaliza Garnham.


“Proponemos una ley para expandir servicios legales y educación para inquilinos”, revela Dueñas. El estado de Washington ya hizo esto en mayo. En San Francisco (California), también se estableció.


Para quienes pagan más de 30% de sus ingresos en vivienda, se podría hacer un reintegro a través de los impuestos, según propone Dueñas.


También explica que se puede retirar los desalojos de los registros de las personas mediante un abogado, pero solamente el 3% de los arrendatarios buscan uno. “Incluso a veces no pueden interpretar la ley, porque no tienen a quien les traduzca”.


En cuanto a hipotecas, los deudores pueden reconfigurar sus préstamos o postergar sus deudas. Pero alerta que varias leyes a favor de esto han sido bloqueadas por instituciones financieras.


Y concluye: “Necesitamos protección para los inquilinos y para los dueños de propiedades que tienen bajos ingresos. También pedimos protección para viviendas en riesgo de ser demolidas y finalmente producción de nuevas unidades de viviendas”.






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