Tras el censo de 2020, el próximo ciclo de redistribución de distritos es un momento crítico para garantizar la representación política de todas las comunidades, lo que repercutirá en los recursos para la educación, la atención sanitaria, el medio ambiente y otras necesidades en los próximos diez años.
La manipulación de los distritos para diluir el poder de voto de las comunidades minoritarias, es vista por muchos como otro tipo de supresión del voto.
“La redistribución pasa solamente una vez cada 10 años, por eso es fácil olvidar su importancia”, asegura Thomas A. Sáenz, presidente y consejero general de MALDEF, Fondo de Educación para los Mexicano-Estadounidenses.
Agrega que puede determinar no solamente las políticas que se ejecutan en la actualidad; sino también las de la próxima década. “Nuestras comunidades podrán tomar ventaja de este proceso si saben aprovecharlo”, dice.
La Ley de 1965 es el eje para trazar las líneas en toda redistribución. “Las redistribuciones parten del Censo y acabamos de tener uno. Algunas cosas no fueron tan bien. Hubo problemas de seguimiento de la pandemia. Pero la administración Trump también intentó politizar la obtención de datos, lo cual creó muchos obstáculos para tener un conteo completo”, opina el especialista.
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Sáenz recuerda que también se intentó incluir una pregunta sobre ciudadanía, aunque al final no lo lograron. Adicionalmente, propuso crear una base de datos de ciudadanos, para excluir a la población inmigrante del Censo. “Fue algo que, por suerte, tampoco se pudo lograr”.
Censo y redistribución
El censo tiene dos propósitos derivados de la Constitución, uno explícito, que es la redistribución de los 435 escaños en la Cámara de Representantes. Esa ha sido la cantidad por muchos años, pero la redistribución según la población depende del censo.
“En esta oportunidad puede suceder con Florida y Texas, como sucedió hace 10 años. California podría perder un escaño. Pero no tendremos los datos hasta finales de abril”, comenta. Y adelanta que la lucha en Texas será fuerte.
El otro uso, que se deriva de la decisión de la Corte Suprema, es la reasignación de las líneas distritales. Muchos estados no lo hicieron por varias décadas antes de 1960, año cuando la Corte definió que se estaba violando la Constitución si esas líneas no se redistribuían. Las representaciones de muchos lugares diferían de la cantidad de gente que realmente vivía allí.
Luego, en algunas zonas no se hizo con base en la población. Por ello, cada estado debe volver a trazar esto basado en el censo. “Pero hay desvíos en la cantidad y calidad de la población”, señala el vocero. Según él, las líneas han tenido cambios mínimos; pero después de 1960 los cambios poblacionales han sido mayores. “Hay que buscar otra manera para volver a trazar esto”.
Las comunidades de color son las que más han crecido, se deberían redistribuir entonces los distritos minoritarios, según su visión.
La idea de Trump de crear una base de datos de ciudadanos votantes como referencia para redistribuir los distritos, fue desechada por la administración Biden; ya que esto eliminaría como referencia a la población en general para esta tarea.
“Si cualquier jurisdicción trata de hacer esto, va a tener dos efectos: muchas comunidades de color son no ciudadanos y adicionalmente se excluiría a población menor de 18 años, ambos grupos no serían representados”, explica Sáenz.
Hay que entender para participar
Entre otros usos de los datos del censo, se han destinado 1.3 billones de dólares de los estados para servicios importantes, como escuelas, hospitales y otros asuntos similares. “El 30 de abril tenderemos el primer grupo de esos datos”, recuerda Terry Ao Minnis, Directora Senior de Programas de Censo y Voto en Asian Americans Advancing Justice, AAJC.
Sin embargo, los datos que sirven para la redistribución los tendremos a finales de septiembre. “Si demorara más allá de esta fecha, compactaría el tiempo para hacer esta redistribución, lo cual significaría que el proceso sería más difícil. Incluso algunos estados no podrían lograrlo”, según la vocera.
Teme que incluso, en algunas entidades puedan utilizar este recorte de tiempo como excusa para no permitir que la gente participe en redistribuciones que permitirían una participación más justa.
La redistribución se basa en manejar bloques para crear distritos que encajen con unidades de gobierno. Es decir, si hay 36 escaños en el gobierno, debe haber 36 distritos.
“Es importante destacar que dicha redistribución se puede hacer para bien o para mal.
Esto depende de que las comunidades se excluyan o se incluyan, que monitoreen el proceso”, razona Ao Minnis.
“Hay que juntarse con vecinos u organizaciones dispuestas a participar, escribir qué es lo que le interesa a su comunidad, participar en audiencias públicas” recomienda.
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Añade que lo importante es entender lo que está pasando, “para que todos estemos listos cuando llegue la data, porque esto influye en quién es elegido y hay que ver si ellos responden a las necesidades de las comunidades”. El censo debe estar preparado para entregar datos de raza, origen y mayoría de edad que sirvan para este fin.
No diluir a las comunidades
Leah Aden, subdirectora de litigios para NAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc.
Recuerda que, en 2013, la Corte Suprema movilizó la sección 5 de la Ley de Votación, para prevenir la disminución de los derechos de votantes de color.
“Esto requiere que todos nos involucremos mucho en esta redistribución, a todos los niveles. Hay miles de jurisdicciones en esta situación”.
Aclara que no se garantiza el éxito electoral hacia una u otra tendencia, solamente que la mayor cantidad de votantes tenga acceso al proceso.
“Tenemos que trabajar en las comunidades para proponer un mapa en el cual se muestre que es posible poner de acuerdo a minorías que tienen características que los unen. Los votantes de minorías suelen votar por un candidato en común y esos patrones de votos son claves, los necesitamos para mostrar cómo funciona la polarización de votantes”, relata.
Según su ejemplo, un candidato negro nunca gana, aunque los de su comunidad voten por él en un 90%. Esto demuestra los controles tradicionales ejercidos sobre los distritos electorales.
También los candidatos latinos encuentran condiciones más difíciles para competir. “Esto demuestra que las líneas que se han trazado han utilizado ciertas excusas en común. Tenemos que darnos cuenta de ello, porque son excusas para discriminar”.
Sucede que se utiliza información política para que un determinado partido gane y esas tácticas hacen daño a minorías.
Sobre esa gente que va a las mismas escuelas y lee los mismos periódicos, “La idea es que estén en un mismo distrito, que se les permita elegir a sus representantes. No se debe diluir la comunidad que va a votar. Hay que mantener las comunidades intactas y estar en contacto entre ellas”, finaliza.
Varios asuntos a la vez
Justin Levitt, profesor de Derecho, LMU Loyola Law School, cree que “Hay una lucha continua y difícil de ganar, aunque tengamos leyes tan poderosas. Se debe hacer trabajo para que la gente se entere de esto; mientras más, mejor”.
Afirma que se está usando de alguna manera la raza y habla de un “gerrymandering racial”.
Ejemplifica diciendo que la redistribución de distritos es como manejar, hay que estar atentos a varios asuntos a la vez.
“Al redistribuir los distritos, es igual. No se puede estar atento solamente el tema racial, es como mirar solamente al velocímetro cuando se maneja, y eso nos haría chocar. Incluso la Corte Suprema enjuició algunos estados porque miraban demasiado al velocímetro, poniendo toda la atención en la raza”.
En algunas regiones sí se presenta una aguda polarización partido-raza; en otros no es tan cierto. Asegura que es muy complejo hablar sobre cómo funcionan en cada estado o distrito, pero invita a visitar la página web allaboutdistriting.com para buscar mayor información.