Con la proximidad de las elecciones de mitad de mandato, activistas de procesos electorales señalan riesgos a propósito de la forma en que se celebran los comicios en Estados Unidos.
Estos comprenderían no solamente quién puede votar, sino cómo y si los votos realmente se cuentan.
Estos activistas hablan de los mapas con límites geográficos que reducen el poder de los votantes de color, las leyes que restringen el acceso a las urnas y los esfuerzos de los trabajadores electorales partidistas por interferir en el proceso electoral, entre otras tendencias.
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Dentro de las acciones para hacerle frente a estas situaciones, destacan dos demandas de grupos de derechos civiles procedentes de Alabama y Luisiana que hoy se encuentran en la Corte Suprema de Justicia.
Sean Morales-Doyle, Director en funciones del Programa de Democracia para el Centro Brennan de Justicia, se mostró preocupado porque, según él, “Hay gente que esté atacando la democracia y las instituciones sobre las que se ha construido nuestro país”.
Compartió su inquietud ante las próximas elecciones de medio término que se celebrarán el 8 de noviembre. Al respecto dijo que han observado cómo “Se han aprobado leyes electorales para restringir el acceso de los votantes en varios estados de la nación”.
Complementó alertando que “Un gran porcentaje del electorado se ha creído las mentiras sobre nuestra democracia, las mentiras sobre lo que ocurrió en las elecciones de 2020, y las mentiras sobre el fraude que, según ellos, es rampante dentro de nuestro sistema electoral”.
El Centro Brennan ha estado rastreando legislación de votación introducida en cada Legislatura Estatal en todo el país durante más de una década. “Hemos visto muchas leyes de votación restrictivas aprobadas, esas leyes han sido impulsadas por mentiras sobre el llamado fraude electoral”, concluye.
Agrega que en 2021 se aprobaron más leyes restrictivas del voto que antes. “Una de cada tres leyes restrictivas aprobadas en esa década, fueron aprobadas ese año, impulsadas por las mentiras sobre el robo de las elecciones de 2020”.
Discapacitados, un alerta
Michelle Bishop, Directora de Acceso al Voto y Compromiso para la Red Nacional de Derechos de los Discapacitados, señaló que uno de cada cinco estadounidenses tiene una discapacidad, lo que representa al menos el 20% de la población.
Esto hace unos 40 millones de votantes con discapacidad. “Es al menos una sexta parte del total del electorado” de acuerdo a la vocera, quien reflexiona que sería un número más que suficiente para cambiar el resultado de cualquier elección.
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Sin embargo, ella misma cita datos recientes de los centros para el Control de las Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y del Centro Pew de Investigaciones, que elevan hasta el 25% la cifra de estadounidenses con discapacidad, alrededor de uno de cada cuatro. Esto dibuja una comunidad mucho más grande de lo que generalmente se cree.
Según los datos de la expositora, las personas con discapacidad están sobrerrepresentadas entre comunidades de minorías raciales, la comunidad LGBTQIA+ y las personas con bajos ingresos. Además, están sub-empleados y desempleados en niveles inquietantes.
Bishop alertó que muchos de estos ciudadanos pierden la motivación para participar en los procesos democráticos, ya que a veces les resulta difícil acceder a ellos.
Y razona que en realidad prestan más atención a los resultados de las elecciones que los votantes sin discapacidades. “Hay más bien barreras que han impedido la participación”. Denuncia que la mayoría de los centros de votación en Estados Unidos para el voto tradicional en persona son inaccesibles y no cumplen con la Ley para Estadounidenses con Discapacidades.
También señala la falta de acceso en el voto por correo tradicional y el voto en ausencia para las personas con discapacidad. “Enviar un papel por correo a alguien y esperar que sea capaz de marcarlo con un bolígrafo es algo que nunca podrá hacer una persona ciega o que no tenga uso de las manos”.
Le preocupa que muchos reclamos infundados de fraude en las elecciones de 2020 intenten limitar el derecho de asistencia al votante.
Casos en Florida y Alabama
Kira Romero-Craft, Abogada Directora de la Oficina del Sureste para Latino Justice, comenta que los casos de redistribución de distritos se siguen peleando en tribunales estatales y federales, pero podrían pasar meses y años antes que se aborden.
Señala que, aunque en Florida el crecimiento de las comunidades de color se ha acelerado, sus distritos fueron cortados a la mitad en la redistribución realizada bajo el mandato del actual gobernador, Ron DeSantis. Agrega que existen leyes para restringir a las organizaciones que registran a los votantes de color.
En cuanto a Alabama, es un estado de unos cinco millones de personas, donde entre el 26% y el 27% son negros. Gracias al crecimiento de la población, el estado de Alabama tiene la oportunidad de añadir un nuevo Distrito que permitiría a esas comunidades negras elegir al candidato de preferencia.
Romero-Kraft agrega que el comportamiento de los votantes permite ver la polarización racial. “Las comunidades blancas frecuentemente eligen no votar a los candidatos negros”. Pero también hay uniformidad entre las comunidades negras en cuanto a patrones de voto, ya que eligen votar por candidatos negros o por aquellos que representan los intereses de su comunidad.
Los abogados demostraron que sería posible trazar mapas que añadan ese segundo distrito que permita a las comunidades negras elegir. Adicionalmente, creen posible construir esos mapas de forma que no estén manipulados.
La experta refiere que un tribunal federal de tres jueces,falló unánimemente a su favor. “Dos de esos jueces fueron nombrados por el presidente Trump”, agrega.
Ordenaron al estado de Alabama que trazara un nuevo mapa. “Tenían muchas formas de hacerlo, pero no lo hicieron”, lamenta. El caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia.
Una voz de Alabama
El Tribunal Supremo escuchó el caso de redistribución de distritos en Alabama. Los demandantes argumentan que el nuevo mapa, trazado por el Legislativo del estado, diluye los votos de las comunidades negras; mientras que el estado alega que sus distritos son “legales” y están trazados “de manera neutral desde el punto de vista racial”.
Este es el llamado caso Merrill contra Milligan. Actualmente, sólo un distrito es de mayoría negra, a pesar de que la población de Alabama es un 27% de esa etnia.
Evan Milligan, dirige Alabama Forward, que se describe como parte de un grupo de compromiso cívico. Ellos demandaron, argumentando que el estado debería tener dos distritos de mayoría negra.
Para esta organización, se está jugando el destino de la Ley de Derecho al Voto, que llegó tras años de trabajo activista dirigido por personas que vivían en la región del cinturón negro de Alabama.
“Estos son algunos de los condados rurales pobres, inicialmente utilizados para las plantaciones para cultivar cacahuetes y algodón”, explica Milligan. Para producir esas cosechas buscaron a esclavos, por eso tienen la mayor concentración de comunidades negras en el estado.
Visiones de esperanza
El encuentro también incluyó visiones positivas de quienes intervinieron, señalando posibles caminos para fortalecer la democracia estadounidense y trabajar en la inclusión.
Morales-Doyle rescató la experiencia del proceso electoral presidencial de 2020 como una ocasión de gran impacto en la lucha por los derechos de los votantes. Y señaló que “Las instituciones son fuertes, tenemos muchas salvaguardas para evitar que estas cosas hagan que todo se desmorone”.
Para Bishop es urgente hacer más accesible el proceso de votación a las personas con discapacidad, a través de trabajar en los numerosos factores que complican su participación.
Recuerda que “La Ley de Derecho al Voto de 1965 dice que, si usted es una persona con una discapacidad o una persona con un dominio limitado del inglés, tiene el derecho de traer a cualquier persona que desee para ayudarle a votar”.
Milligan invita: “Independientemente del resultado de nuestro caso, hacemos un llamado a los estadounidenses para que se unan a nosotros en la construcción de un movimiento a favor de la democracia”.